Rejuvenecer Guatemala pone las finanzas públicas al servicio de la juventud
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en asocio con Plan International y Paz Joven, presentaron el estudio Rejuvenecer Guatemala: poner las finanzas públicas al servicio de la juventud del 2015 al 2021. Es un análisis del marco legal vigente que promueve los derechos de las y los jóvenes; hace un repaso por los indicadores socioeconómicos y demográficos relacionados con las juventudes guatemaltecas y muestra los resultados de la estimación del gasto público destinado a adolescentes y jóvenes del Gobierno Central y entidades descentralizada.
Las juventudes requieren generar las condiciones para que todos los jóvenes tengan garantizado el goce de todos sus derechos: salud sexual y reproductiva, alimentación, educación, capacitación, cultura y empleo. La sociedad guatemalteca cuenta con el enorme e irrepetible privilegio de su juventud: una de cada tres personas tiene entre 13 y 29 años, es decir, son 5.7 millones de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, el diagnóstico sobre su situación socioeconómica revela que su bienestar continúa dependiendo principalmente de la suerte familiar, lo que se correlaciona con la desigualdad y la exclusión social.
A nivel nacional, seis de cada diez jóvenes viven en condiciones de pobreza monetaria. Al profundizar el análisis se encuentra que ocho de cada diez jóvenes indígenas sobreviven en condiciones de pobreza; mientras, en el ámbito rural, la pobreza monetaria afecta la vida de tres de cada cuatro jóvenes. De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-GT), elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), seis de cada diez jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, entre otros elementos básicos para su desarrollo.
Los embarazos en adolescentes y jóvenes y la maternidad temprana constituyen un problema social y sanitario que afecta a miles de mujeres, poniendo en riesgo su salud, comprometiendo sus oportunidades de acceder a la educación y a trabajos decentes, lo que altera profundamente sus proyectos de vida. De acuerdo con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), entre 2015 y 2020, se registraron 607,176 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años.
En cuanto al trabajo, únicamente tres de cada diez jóvenes ocupados tienen algunas de las garantías laborales básicas – un contrato de trabajo, bonificación anual para trabajadores (bono 14) y aguinaldo, y solamente dos están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El 32.6% de los jóvenes se ocupa en la agricultura o ganadería, mientras un 27.7% lo hace en el comercio, estas dos actividades ocupan a seis de cada diez jóvenes, subiendo a casi ocho para el rango de 13 a 15 años. Asimismo, se observa que uno de cada cuatro jóvenes, de entre 13 y 15 años, se encuentra económicamente activo e insertado de manera temprana en el mercado laboral. Otro elemento revelador del trabajo, remunerado y no remunerado, es que el 35.6% de las mujeres jóvenes realizan actividades que les permitan generar ingresos monetarios. En contraste, el 69.5% de las mujeres jóvenes, que no están económicamente activas, tienen como actividad principal el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo cual evidencia la desigualdad en la distribución de estas labores, que recaen principalmente en ellas.
En el plano fiscal, el estudio es innovador para Guatemala al estimar la inversión pública en la juventud (LPJUVE) ejecutada por el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, entre 2015 y 2021, exponiendo que la misma está siendo limitada e insuficiente, representando en promedio el 2.4% del PIB. A su vez, se observó que, en promedio el gobierno guatemalteco destinó de forma diaria a cada joven un monto de Q6.52 (lo que representa USD0.75 diarios), monto que a todas luces insuficiente para producir los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo y bienestar de la juventud.