Las uniones forzadas, un desafío urgente para las niñas en América Latina y el Caribe
La organización humanitaria y de desarrollo, Plan International insiste en que la región debe enfrentar con decisión el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas, siendo la segunda, la problemática más invisibilizada
26 agosto 2025Durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada recientemente en Ciudad de México, niñas y jóvenes de distintos países hicieron un llamado contundente a los Estados para poner fin a los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas. En el evento paralelo “Voces que impulsan cambios: Estrategias para abordar los matrimonios y uniones tempranas y forzadas en Latinoamérica y el Caribe”, organizado por la alianza regional ALIADAS más de 150 personas se reunieron para debatir soluciones frente a esta práctica nociva.
Datos de investigación regional revelan que en América Latina y el Caribe una de cada cuatro niñas se casa o entra en una unión antes de cumplir los 18 años. La región es la única del mundo donde la prevalencia del matrimonio infantil y las uniones tempranas no ha disminuido en los últimos 25 años, y además registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes a nivel global. Estas uniones, frecuentemente condicionadas por la pobreza, la desigualdad de género y la violencia, interrumpen la educación de las niñas y las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad frente a embarazos no deseados y distintas formas de violencia.
En el plano legal, varios países de la región han avanzado en la prohibición del matrimonio infantil (no de las uniones). Bolivia aprobó recientemente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un proyecto que prohíbe el matrimonio de menores de edad; Guatemala elevó la edad mínima a 18 años; Brasil y Perú han reforzado sus marcos legales en los últimos años; y en Colombia la prohibición definitiva del matrimonio infantil se consolidó en 2025, en un proceso en el que Fundación Plan tuvo un rol activo.
En la región de América Latina y el Caribe, Plan International ha trabajado en 11 investigaciones en los últimos 8 años en referencia a matrimonio infantil y uniones tempranas y forzadas. Uno a nivel regional y el resto en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.
De acuerdo a la experiencia de Plan International, el verdadero desafío no se limita solo al matrimonio formal, sino que se expresa sobre todo en las uniones tempranas y forzadas las formas más comunes y menos visibles de esta práctica, que claramente escapan a los registros oficiales y en muchas casos normalizada y justificada por costumbre cultural. Al igual que los matrimonios, las uniones tempranas también limitan el futuro de las niñas; las exponen a embarazos precoces, abandono escolar, ciclos de violencia de los que es muy difícil salir y la continuidad del círculo de la pobreza.
“No basta con que las leyes prohíban el matrimonio infantil. Mientras las uniones tempranas y forzadas sigan normalizadas en nuestras comunidades, seguiremos teniendo niñas que pierden su niñez, su educación y sus derechos”, declaró Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International en las Américas.
«Mientras las uniones tempranas y forzadas sigan normalizadas en nuestras comunidades, seguiremos teniendo niñas que pierden su niñez, su educación y sus derechos»
Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International en América Latina y el Caribe
Declaraciones de niñas frente a las uniones tempranas y forzadas
Con el objetivo de visibilizar el liderazgo de niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos, Plan International llevó a cabo el encuentro regional “Voces que Inspiran”, realizado en El Salvador, del 22 al 24 de agosto. Durante esos días, 36 adolescentes y jóvenes de Guatemala, Ecuador y El Salvador reflexionaron sobre problemáticas como las uniones tempranas y forzadas, el embarazo adolescente y la acción humanitaria, además de presentar propuestas para transformar sus comunidades. Las siguientes citas corresponden a testimonios recogidos en este espacio.
Ami, de 21 años y proveniente de Ecuador, resaltó cómo las uniones forzadas afectan directamente la vida de las niñas: «Las uniones forzadas no permiten a las niñas ejercer su derecho a la educación, no se les garantiza una vida digna libre de violencia y en ese camino se enfrentan a embarazos adolescentes».
«Las uniones forzadas no permiten a las niñas ejercer su derecho a la educación, no se les garantiza una vida digna libre de violencia y en ese camino se enfrentan a embarazos adolescentes».
Ami, de 21 años y proveniente de Ecuador
Jessica, de 20 años y de Guatemala, advirtió sobre las múltiples violencias a las que están expuestas las adolescentes en estas situaciones: «Las uniones forzadas conllevan a violencia psicológica, física, económica; las chicas son vulnerables ante una persona mayor».
Por su parte, Karla, de 15 años y participante de El Salvador, explicó lo que significaría para ella una unión temprana: «Una unión temprana no me permitiría continuar con mis estudios, ni lograr mis metas y propósitos y eso me afectaría emocionalmente».
Plan International destaca que la participación de adolescentes en espacios públicos es fundamental para avanzar en políticas públicas que respondan a la realidad de quienes más sufren estas prácticas. La organización reitera su compromiso de trabajar junto a niñas, jóvenes y aliadas regionales para que todas las adolescentes puedan crecer libres de violencia, sin matrimonios ni uniones forzadas, y con iguales oportunidades de construir su propio proyecto de vida.
“Necesitamos una acción conjunta entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para visibilizar con cifras claras esta problemática, dimensionar su verdadera gravedad y enfrentarla desde ya. Solo así podremos avanzar hacia una región donde cada niña y adolescente pueda vivir libre no solo de matrimonios infantiles, sino de las uniones tempranas y forzadas”, enfatizó Carmen Elena Alemán.
“Necesitamos una acción conjunta entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales para visibilizar con cifras claras esta problemática, dimensionar su verdadera gravedad y enfrentarla desde ya”.
Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International en América Latina y el Caribe
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