Posicionamiento: Crisis migratoria sin precedentes en la región de las Américas

Un llamado urgente a la protección internacional y la asistencia humanitaria en la región.

16 de noviembre de 2023

La región de las Américas está experimentando actualmente un aumento sin precedentes y profundamente preocupante de los flujos migratorios mixtos, particularmente en las zonas fronterizas de varios países de América del Sur y América Central, tales como Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Las personas en movimiento tienen el objetivo de alcanzar la frontera sur de México, atravesar el país y llegar a su destino final: los Estados Unidos. Esta dramática escalada en los movimientos migratorios representa no sólo un desafío complejo, sino también una crisis humanitaria que exige atención inmediata.

Es muy preocupante el aumento desorbitante en el número de familias, niñas, niños y adolescentes, incluidas niñas y niños no acompañados y/o separados, que siguen cruzando las fronteras de forma irregular en busca de protección internacional. En Sudamérica, más de 400.000 personas han cruzado la peligrosa selva del Darién*, de las cuales el 21% son niños y el 10% son niñas*.

En Centroamérica, la situación no es menos grave, con aproximadamente 2.500 a 3.000 personas entrando diariamente por Paso Canoas en Costa Rica*, alrededor de 4.000 llegando a El Paraíso en Honduras*, y entre 3.000 a 6.000 individuos llegando diariamente al sur de México*. Este aumento ha provocado cuellos de botella y hacinamiento en los albergues de tránsito y puntos de asistencia, muchos de los cuales carecen tanto de condiciones óptimas de salubridad y atención, como de recursos suficientes para alimentar y apoyar a las personas que desesperadamente lo necesitan. La capacidad de respuesta de los Estados y las autoridades locales también se encuentra bastante desbordada, por ejemplo, los albergues en México están operando a un 95 – 110% de su capacidad.

Hay que reconocer mejor el hecho de que la mayoría de las personas que se desplazan huyen de la violencia que hay en sus países de origen y que no abandonan su hogar en busca de oportunidades económicas. Entre las nacionalidades que se desplazan a través de México, además de las personas mexicanas desplazadas internas, se encuentran personas procedentes de Sudamérica (Ecuador y Venezuela), Centroamérica (Honduras, El Salvador y Nicaragua), el Caribe (Haití y Cuba), así como de algunos países africanos y asiáticos.

La migración mixta extracontinental se ha vuelto más compleja y notoria en la región en los últimos años. Estas personas también se han visto obligadas a escapar de situaciones de conflicto, violencia, inseguridad y persecución en sus países, llevándolas a emprender peligrosos viajes que incluyen el cruce de océanos, atravesar el Tapón del Darién y subir caminando por Centroamérica hasta llegar a México y los Estados Unidos.

En la medida en que se desarrolla esta crisis, también se evidencia un aumento drástico en la demanda de servicios básicos, tales como alimentos, agua potable, atención médica, así como asesoramiento jurídico e información precisa y confiable, acerca de sus derechos para solicitar asilo u otras vías legales puestas a su disposición, tales como los programas de parole humanitario o los programas de movilidad laboral. Las agencias humanitarias y demás organizaciones de la sociedad civil, las cuales desempeñan un papel crucial en la asistencia humanitaria, también se enfrentan a enormes retos para responder adecuadamente ante los crecientes niveles de necesidad.

Desde Plan International expresamos nuestra preocupación por el aumento masivo de los flujos migratorios y la falta de garantías para la protección de los derechos humanos de las personas en movimiento en la región. Como organización basada en principios humanitarios, nos comprometemos a responder ante esta crisis y a defender los derechos y el bienestar de las personas afectadas, en particular de quienes son más vulnerables tales como las niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes. La gravedad de la situación exige una mejor respuesta por parte de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los donantes y la sociedad civil.

Las medidas anunciadas e implementadas recientemente por los gobiernos, tales como un aumento en la militarización de las fronteras y un aumento en las expulsiones o deportaciones expeditas, sin dar a las personas la oportunidad de solicitar asilo, violan directamente sus derechos fundamentales. Este contexto no sólo vulnera su derecho a la libre circulación, sino que también obstaculiza su acceso a mecanismos de protección internacional, dejándolas en una situación de limbo prolongado. Estas medidas también impulsan a que las personas refugiadas y migrantes busquen otros puntos de entrada a los países, la mayoría a través de pasos irregulares controlados por grupos armados y organizaciones delictivas (por ejemplo de narcotráfico y trata), exponiéndolas aún más a mayores riesgos y violaciones de derechos humanos (por ejemplo, a extorsión y contrabando).

Adicionalmente, estas condiciones suponen un reto crítico para la seguridad y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes que viajan solos/as, y quienes cada vez más están mayormente expuestos a experimentar violencia sexual y de género, explotación sexual, trata y tráfico de personas, violaciones, robos y reclutamiento forzado por parte de grupos armados, tanto en los países de destino como durante sus viajes. Además, la crisis ha revelado nuevas e intensificadas manifestaciones de xenofobia y discriminación entre las comunidades de acogida, lo que agrava aún más los retos a los que se enfrentan estas poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La desinformación es generalizada entre las personas en tránsito o que ya se encuentran en sus lugares de destino, dificultando así el acceso a información crucial sobre sus derechos o los mecanismos de protección disponibles. Esto aumenta su vulnerabilidad ante la explotación y los abusos. Nos preocupa profundamente los discursos que hacen hincapié en la contención de la migración, ya que a menudo no proporcionan protección y ocultan las razones subyacentes que obligan a las personas a huir de sus países de origen, tales como la violencia generalizada, los conflictos y la persecución. Nos preocupa, igualmente, la falta de financiación de los Planes de Respuesta Humanitaria en la región, hecho que amenaza con empeorar una situación ya de por sí grave.

Estamos especialmente preocupados por los gobiernos que practican la devolución, es decir, el traslado de personas a su país o a otro donde podrían sufrir privación arbitraria de su libertad, malos tratos o persecución. El principio de no devolución es una obligación de los gobiernos en virtud del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, de los refugiados y consuetudinario.

Hacemos un llamado urgente a los gobiernos, incluidas sus fuerzas de seguridad, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil para que den prioridad a la protección de los derechos humanos y al bienestar de las personas afectadas por esta crisis. Debemos defender los principios del derecho internacional, incluidas las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario y del derecho de las personas refugiadas, proporcionar servicios esenciales, acceso a información confiable y actualizada, y garantizar que se respeten y protejan los derechos y la dignidad de todas las personas refugiadas y migrantes. Es nuestra responsabilidad colectiva hacer frente a esta crisis humanitaria y preservar los derechos humanos de quienes buscan protección internacional en las Américas.