Matrimonios y Uniones Infantiles Forzadas: las deudas pendientes con las niñas de Latinoamérica ante este flagelo

“Mi mamá se casó obligada cuando tenía 17 años. Su mamá le obligó a casarse con un tipo que tenía mucha plata. Pero mi mamá aguantó dos o tres meses, y después se fue; se escapó de la casa del señor y nunca más supo nada de él. Después vino hacia acá y conoció a mi papá. Mi papá tenía 50 años, y ella 17 o 18…” Este es uno de los testimonios registrados en el   informe «Invisibles a Plena Luz. Uniones Forzadas y Tempranas en Paraguay (2021),y hace parte de las cientos de voces de las niñas de la región que reflejan  una violación fundamental de los derechos humanos.

Cuando hablamos de esta problemática nos referimos a los matrimonios y uniones que tienen lugar antes de los 18 años de edad, y que generalmente no implican una “decisión” de parte de la niña. A menudo se llevan a cabo con hombres de mayor edad, más experimentados, con mayor nivel educativo y mejores perspectivas económicas. Es importante aclarar que en América Latina y el Caribe, las “uniones” son bastante comunes, y se refieren a matrimonios o uniones informarles que no son documentadas ni reconocidas por el Estado o la iglesia.

Los matrimonios y las uniones infantiles forzadas continúan siendo un flagelo en aumento en la región. La violencia en los hogares, la falta de educación y la pobreza siguen forzando a las niñas a casarse temprano o a unirse con la ilusión de un futuro mejor, aunque lo que les espera es mucho peor.

A pesar de los esfuerzos de los países por afrontar esta situación, la región mantiene cuatro grandes deudas para lograr sus objetivos de reducir este problema que son: garantizar la protección de las niñas; actualizar y aplicar las leyes; promover el acceso a la educación como espacio de protección y contar con datos oficiales y actualizados.

Primero, es necesario garantizar la protección de las niñas, a través de acciones puntuales como: permitir que completen la escuela; ampliar sus espacios de seguridad; incluir medidas que aborden la pobreza; brindar incentivos económicos que impulsen los esfuerzos para eliminar los matrimonios y las uniones infantiles forzadas; brindar a padres y madres habilidades e información para proteger a sus hijos e hijas, y permitir el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

Además, se precisa actualizar y aplicar leyes especificas que afronten este problema. Pese a que los cambios legislativos han igualado la edad de los niños y niñas, y elevado la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, en algunos casos la ley aún admite situaciones en las que los padres, madres, tutores, jueces o juezas pueden permitir el matrimonio antes de los 18 años de edad.

“En algunos países de la región  hay una deuda pendiente con la aplicación de la ley. Muchos códigos civiles han cambiado, y aunque se han hecho progresos, se dan dos situaciones: por un lado, aunque faltan datos, todo apunta a que el principal problema son las uniones informales; por otro lado, aun cuando la edad legal de matrimonio son los 18 años, la normalización de esta situación en diferentes sociedades provoca que se sigan celebrando matrimonios aún por debajo de esa edad como parte de las costumbres el país o territorio”, expresa Débora Cóbar, Directora de Plan International para América Latina y El Caribe. Y agrega: “Hace falta elaborar leyes que garanticen el desarrollo integral de las niñas y adolescentes de la región, acompañadas de programas efectivos para el cambio de las normas sociales que mantienen los matrimonios y las uniones infantiles”.

Por otra parte, es fundamental seguir promoviendo el acceso a la educación. El cierre prolongado de las escuelas en algunas regiones y comunidades ha alejado a las niñas, no solo del aprendizaje sino también de los espacios de protección. “Esta es una de las deudas más relevantes con nuestras niñas. Todavia hay muchas comunidades donde las escuelas continúan cerradas, lo cual representa un riesgo enorme. No se trata solo de la protección que ofrecen los espacios físicos, sino todo lo que implica para ellas la formación, el aprendizaje y el empoderamiento para convertirse en mujeres autónomas y no dependientes de un matrimonio o una unión forzada o no deseada”, explicó Débora Cobar.

De acuerdo con el Banco Mundial, cada año de educación secundaria puede reducir la probabilidad de casarse antes de los 18 años en cinco puntos porcentuales o más.

Finalmente, uno de los desafíos más grandes es contar con datos oficiales y actualizados sobre las problemáticas. Existe el prejuicio que esta es una situación que afecta muy poco en la región, porque las uniones forzadas a diferencia de los matrimonios son difíciles de registrar, sin embargo, la ausencia de datos oficiales en la mayoría de países de América Latina y El Caribe, es lo que impide conocer la dimensión real de esta realidad.

“Los únicos datos que poseen los países sobre este tema son relativos al registro de matrimonios o a través de las encuestas de demografía y salud. Sin embargo, la mayoría de casos en la región no son de matrimonios tempranos sino de uniones  forzadas, provocando que exista un subregistro sobre esta problemática.” expresa Cóbar.

De acuerdo al “Observatorio Regional de América Latina y el Caribe: La Realidad de las Niñas” de Plan International en 13 países de la región, los datos oficiales sobre las principales problemáticas que las niñas enfrentan, entre ellas los matrimonios y uniones forzadas, tienen carencias importantes. La Organización considera fundamental mejorar los mecanismos de identificación de las uniones forzadas, así como priorizar una mejor desagregación de la información, no solo por sexo y edad, sino que también por territorio, y a que esta sea pública y accesible. De esta manera estarán contribuyendo a que se tomen mejores decisiones que coloquen en el centro la protección y bienestar de las niñas.

Plan International, insta a los gobiernos nacionales para tomar en cuenta estas cuatro deudas pendientes de los Estados de manera que se enfrente este flagelo que priva a las niñas de derechos fundamentales. “Los matrimonios y uniones forzadas son una realidad en la región que debemos afrontar y que si bien, no es fácil de erradicar, si sabemos por donde enfrentarla. Precisamos responder a estas deudas pendientes con las niñas, no solo por ellas, sino por toda nuestras sociedades que pierden la oportunidad de contar con una niñez que desarrolle todo su potencial”, finalizó diciendo Débora Cobar.